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La llegada a las costas de Tarifa de una patera con 21 menores, ha originado reacciones y posicionamientos institucionales que, al entender de la Apdha, son incapaces de un mínimo análisis de la realidad y de sus raíces sociales o proponen actuaciones que vulneran en muchos casos nuestra propia legislación. Es el caso de los portavoces del Gobierno que, sin escuchar a los menores, y sin ningún análisis serio, inmediatamente dedujeron que se trataba de una nueva estrategia de las mafias para introducir menores en España para dedicarlos a la prostitución o a la delincuencia. Lejos de cualquier análisis sobre las raíces de este hecho y sus consecuencias sociales, es evidente que para el Gobierno todo el fenómeno migratorio se puede reducir a la delincuencia, a la responsabilidad de las mafias y la única actuación que es capaz de poner en marcha son las políticas policiales de control y represión. Más allá de la llegada concretas de esta patera, cuyos orígenes y circunstancias sería importante conocer mas de cerca, lo cierto es que la llegada de menores en patera ha sido una realidad creciente durante todo el año. Las raíces de este fenómeno terrible se encuentran en la realidad de un país como Maruecos, gobernado por un régimen despótico y corrupto al que por cierto el Estado Español dona importantes ayudas, y al que no le importa si es preciso hacer la vista gorda sobre un tema tan vulnerable como el de los menores en sus componendas y presiones políticas con la UE y el Gobierno español. En Maruecos son miles las familias desestructuradas, entre otras cosas por la emigración de los padres de familia, con numerosas madres con hijos repudiadas, y en el que el fracaso del sistema educativo (copiado del francés) es colosal. El índice de pobreza, de paro y sobre todo de falta de futuro, junto a la visión adornada del Norte que les llega a través de nuestras propias televisiones, hace que miles de jóvenes y familias enteras sólo contemplen el futuro en términos de emigración. Si sumamos a ello el que la concepción del niño y adolescente y su papel como soporte de la familia es distinto en sociedades como la marroquí y en general en los países del Sur, se comprende que en muchos casos puedan ser las propias familias las que animen o financien la emigración de menores. De ser esto así, de comprobarse la propia implicación de las familias, habría que entender el grado de desesperación y de falta absoluta de perspectivas existente en Maruecos para arriesgar a los menores a perder la vida en la búsqueda de un futuro mas digno. Pero este fenómeno no sólo está ligado a la desesperación. También tiene su origen en una política migratoria del gobierno español, que impide de forma absoluta que se pueda acceder a nuestro país de forma legal. Y que obliga a ponerse en manos de redes de transporte clandestino, con el coste y con los riesgos que ello implica. Por otra parte, la Apdha también quiere manifestar su rotundo rechazo de determinadas declaraciones sobre este tema realizadas por destacados miembros de la Junta de Andalucía. Precisamente porque se trata de un fenómeno complejo es preciso actuar con prudencia tal como ha recomendado el Defensor del Pueblo y no proponer medidas precipitadas, muchas veces al margen de la legalidad, que son impropias de gobernantes de tal alta responsabilidad en este tema. Porque es preciso dejar bien claro ante la sociedad que la Ley de Protección del menor prevalece sobre la Ley de Extranjería. Y que los menores llegados a nuestro país, vengan como vengan y movidos por las razones que sea, son menores antes que inmigrantes. Y es obligación de las autoridades competentes, según la Ley, su protección y amparo, su tutela y documentación. Con todas las dificultades que ello conlleva, que no negamos, pero con toda la lógica de la Ley y de las Convenciones Internacionales de protección del menor firmadas por España en este sentido. ¿O es que tiene algún sentido plantearse devolver esos menores a familias que los han podido animar e incluso financiar su viaje en patera? ¿O es que se piensa que es fácil localizar una familia en Maruecos cuando, en medio de la falta de perspectivas y de la desesperación que tienen, han podido animar el proyecto migratorio? Ni legalmente ni moralmente es lícito repatriar un menor sin completas garantías de que no se va a encontrar en situación de desamparo. Y hasta el momento han sido contados los casos en que esto se ha conseguido, pese a que con frecuencia se han devuelto menores vulnerando la Ley. Muchas veces dejándolos en manos de la policía marroquí sin mas garantías y en la frontera de Ceuta o Tánger independientemente de donde vinieran La Apdha llama pues a la prudencia a las instituciones competentes especialmente en un tema tan sensible como el de los menores. Pide además que se adecuen las políticas y los recursos de la Junta a las nuevas necesidades y a que se mejoren los recursos existentes todavía convencidos como centros de cama y plato exclusivamente. Y que se cumpla escrupulosamente la Ley del Menor y la propia Ley de Extranjería en lo que dispone al respecto de los menores extranjeros desamparados. Hace falta además un compromiso real para con el cambio de la realidad social en Marruecos. Lo que incluye en primer lugar la cooperación al desarrollo. Y, en segundo lugar, la presión sobre el gobierno marroquí no sólo para el control de las migraciones (cosa por otro lado imposible en la práctica) sino sobre todo para que se pongan los recursos marroquíes que no son pocos y las ayudas recibidas al servicio del desarrollo de su propio pueblo y no de la casta dominante Junto a ello es imprescindible una cambio en profundidad de la legislación y de la política migratoria que es la que condena a la patera a estos niños y a sus mayores y la que impide que la emigración se convierta también en un factor de codesarrollo a ambos lados de unas orillas que jamás debieron convertirse en fosa común. Lo demás, no es sino vulnerar los derechos humanos y los derechos del menor consagrados en nuestras leyes y en las convenciones internacionales. Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía 29 de septiembre de 2003