anonimo 2011-09-30 23:32:37
No tengo palabras... o quizás sí.Hemos de suponer que la crisis deje al lado a toda la policia o de ser de otra manera,-los banqueros no respetarán ni a sus defensores-,así que vislumbro a la policia hermanados con las demás víctimas arruinadas por un Sistema Criminal,. Será entonces cuando los especuladores sin escrúpulos y ladrones de guante blanco-políticos corruptos incluidos-se quedarán más sólo que la una. Que así se cumpla para escarnio de la Injusticia. www.comomucho200.blogspot.com

pijamaman 2011-10-01 00:57:09
...el comentario anterior era yo, pijamaman, es que se me olvidó loguearme...

anonimo 2011-10-06 11:44:25
La vivienda, como otras muchas cosas, no es un simple derecho. ES UNA NECESIDAD. Hemos de exigir viviendas dignas para todos, tanto si tenemos dinero como si no.

anonimo 2011-10-09 19:14:33
Un lúcido comentario que merece ser tenido en cuenta. Quisiera ampliarlo con un reportaje aparecido en el diario "El País" el 16 de enero del 2005: DELINCUENTES CON PLACA 46 funcionarios de la policía y la Guardia Civil fueron detenidos en 2004 por casos de corrupción LUIS GÓMEZ - Madrid - 16/01/2005 La muerte de un policía en Vicálvaro el pasado fin de semana destapó un turbio asunto de mafia policial que preocupó a las autoridades. El agente muerto intentaba cometer un secuestro por cuenta de unos delincuentes colombianos. El policía no trabajaba solo y, al parecer, según van dando cuenta las investigaciones, contaba con la colaboración de al menos otro compañero. La noticia tenía ese carácter siniestro que ofrecen aquellas informaciones en las que los policías actúan como delincuentes profesionales. Ambos policías llevaban una doble vida y necesitaban unos ingresos extra para financiarla, un hecho que se puede explicar fácilmente: con 180.000 pesetas al mes de sueldo (1.081 euros), es demasiado complicado atender a otros gastos. ¿Sospecharon algo sus compañeros? "A toro pasado, ahora parece que todo el mundo recuerda circunstancias sospechosas alrededor de ellos, pero nadie denunció", afirma un miembro de la Unidad de Asuntos Internos. Uno de los policías llegó a estar expedientado por una falta disciplinaria, pero nadie consiguió detectar que ambos se habían convertido en delincuentes con placa y pistola. Ahora ya es tarde. Las estadísticas oficiales sobre funcionarios policiales juzgados por corrupción no son elevadas. Dan cuenta de 18 policías juzgados en 2004 (sobre un colectivo de 49.000 funcionarios) y 28 guardias civiles (sobre 69.000). Apenas registran un leve incremento respecto al año anterior. Son cifras que no permiten hablar de un problema serio de corrupción. Sin embargo, ¿son eficaces las unidades de asuntos internos? ¿Hay garantías de que el sistema sea capaz de detectar casos graves de corrupción? Sobre ese punto, los expertos policiales reconocen que hay que mejorar el sistema, sobre todo por los riesgos que supone el enorme incremento de la delincuencia organizada en España en los últimos cinco años. Las posibilidades de que las mafias traten de contaminar a funcionarios policiales son cada vez más evidentes y sobre ese punto hay documentos de Europol que alertan de ese peligro. Ante esa amenaza creciente, las dotaciones de las unidades dedicadas a investigar los casos de corrupción policial no son suficientes o no gozan de una total autonomía, caso de la Guardia Civil. El número de policías destinados a las unidades de Asuntos Internos de la policía asciende a 83 funcionarios, cuando el catálogo de plantillas efectuado en 2002 señalaba que serían necesarios para este trabajo alrededor de 140 agentes. En cuanto a la Guardia Civil, su servicio de asuntos internos está peor dotado. El instituto armado no da cifras sobre efectivos dedicados a estas tareas, pero los sindicatos advierten de que es una cantidad muy inferior a la dedicada por la policía y además cuestionan su imparcialidad: algunas unidades trabajan en las propias comandancias territoriales y sólo atienden denuncias efectuadas por jefes de unidad. ¿Quién denuncia si hay un mando implicado? "En una institución tan jerarquizada, siempre hay un mando superior a otro", responde una fuente de la Guardia Civil. Las unidades de asuntos internos son una realidad relativamente reciente en los cuerpos policiales españoles. La unidad de la Guardia Civil se creó en 1991 y la de la policía unos años antes. Ambas nacieron como consecuencia de graves problemas de corrupción en ambos cuerpos. La policía vivió sus años más negros a mediados de los 80, cuando se destapó el caso Nani y el caso Banesto. Ambos estaban ligados a la actuación de un grupo de agentes de la Brigada Provincial de Madrid. Esos agentes tenían un sentido muy particular de la eficacia policial: torturaron a un delincuente (Santiago Corella, alias El Nani) hasta matarle y luego hacer desaparecer su cadáver, e incluso organizaban y participaban en un gran atraco, en este caso una sucursal de Banesto, para luego implicar a otros delincuentes en el suceso. La Guardia Civil vivió su particular via crucis con el caso Roldán y la guerra sucia contra ETA. Luego estalló otro gran escándalo en 1992 por el caso UCIFA, una unidad de élite en la lucha contra el narcotráfico. Varios agentes y mandos de la Guardia Civil fueron acusados y condenados por desviar droga para pagar a confidentes y organizar operaciones de narcotráfico para luego aumentar sus estadísticas. Aquellos fueron los casos más graves y su denuncia sirvió para modificar algunas conductas nocivas instaladas en los cuerpos de seguridad. Pero el mapa de la delincuencia organizada en España era entonces muy diferente al actual. Ahora los riesgos son más altos y ningún cuerpo policial está libre de un gran escándalo, a pesar de las cifras oficiales. "Mala selección, peor formación y bajo salario, igual a más corrupción", advierte José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del sindicato policial SUP, preocupado por las consecuencias futuras del incremento de plantillas a que se está viendo sometida la policía para paliar su escasez de efectivos. Para Fornet, los bajos sueldos, claramente por debajo de los policías locales o autonómicos, además de un régimen laboral que prohíbe el pluriempleo, no son el mejor atractivo para los jóvenes. "Donde antes formábamos a 900 policías por año, ahora sacamos a más de 4.000. Los criterios de selección no son los mismos porque hay un estado de necesidad y una masificación", comentaba una fuente de Interior, quien reconoció que, no hace mucho tiempo, se descubrió que uno de los alumnos tenía antecedentes penales. "Las academias se están poblando de jóvenes de extrema derecha y de gente que no sabremos cómo se va a comportar cuando le den una placa y una pistola", apunta un comisario con gesto de preocupación. "Quizás estemos sacando malos policías a la calle", dice un colega suyo, "pero ahora no hay otra manera de aumentar una plantilla que es escasa y se estaba quedando muy vieja". Ante esta perspectiva poco halagueña, aunque las estadísticas no sean preocupantes, sí se reconoce una necesidad de incrementar la unidad de asuntos internos e incluso de reforzar su independencia y hacerla depender de la subdirección general operativa y no de la división de personal. En un local de Madrid, tras una estrecha puerta sin vestigios de membrete alguno, sin nada a su alrededor que delate que se trata de un departamento oficial, está la sede de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Dentro, el decorado cambia radicalmente: los despachos son modernos y están bien iluminados. "No somos gente antipática ni oscura", advierte un inspector, sabedor de que hay un estereotipo sobre el investigador de asuntos internos. "Al principio, investigábamos a policías que abusaban de las bajas psicológicas o que hacían pluriempleo. La gente decía de nosotros que nos dedicábamos a perseguir taxistas porque ese era uno de los oficios que más hacían algunos policías fuera de sus horas de trabajo". "Con el tiempo, nuestro trabajo está más dedicado a la corrupción. Nosotros atendemos denuncias por vía oficial, por vía particular o por cuenta propia. Y lo más importante es que no damos cuenta a nadie hasta que el asunto está ya muy avanzado. Somos autosuficientes para todo, para hacer nuestros viajes, intervenciones telefónicas o vigilancias. Ésta es una unidad central que se desplaza por toda España. Exigimos a nuestros miembros integridad, discreción y profesionalidad". Todos los agentes son de libre designación. "No somos policías que investigan a compañeros", matiza el agente. "Somos policías que investigan como cualquier policía, pero operamos contra un delincuente que tiene un condicionante: conoce nuestras técnicas de investigación". Les han prometido más efectivos. El año pasado trataron 90 casos y llevaron al juzgado 18. El año nuevo les ha deparado una desagradable sorpresa en Vicálvaro. Nadie supo denunciar a tiempo. UN SINDICATO ANTOCORRUPCIÓN: El caso Roldán propició la creación del primer sindicato en la Guardia Civil, llamado en sus orígenes Coproper y ahora denominado Asociación Unificada de Guardias Civiles. En sus estatutos, el sindicato señala como uno de sus fines el de cooperar "desinteresadamente en la averiguación y esclarecimiento de acciones de tipo corrupto en el seno de la institución, ejerciendo en dichos casos la acción popular". A diferencia de otros sindicatos policiales, éste toma iniciativas en dicho sentido por encima incluso de la unidad de asuntos internos. La prueba de ello es que dicho sindicato presentó una demanda a principios de diciembre ante la Audiencia Nacional según la cual pone en conocimiento del juez la existencia de un grupo mafioso dedicado al narcotráfico en la misma comandancia de Melilla y con ramificaciones en otras comandancias del sur de España, caso de Almería. La demanda detalla los nombres de 15 guardias civiles, entre agentes de la escala básica y mandos de dicha comandancia. En el texto de la demanda se manifiesta "la existencia de una red de corrupción organizada y perfectamente jerarquizada en dicha Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Melilla, dedicada, al menos, al tráfico de estupefacientes mediante el aprovechamiento de la condición de guardias civiles de sus miembros (...) Nos relata, igualmente, la conexión de estos funcionarios corruptos con las mafias y redes de Melilla y las que se encuentran al otro lado de la frontera en Marruecos. Además, nos indica las conexiones y el trabajo conjunto de varios de los querellados con otros componentes del cuerpo de la Guardia Civil, que realizan las mismas funciones de represión del narcotráfico, en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería y pone de manifiesto cómo todos ellos llevan a cabo su actividad delictiva en otras provincias...". La demanda detalla con gran precisión hechos y operaciones donde, presuntamente, miembros de la guardia civil actuaban en connivencia con los narcos. El asunto ha merecido alguna respuesta airada de los mandos en Melilla, pero el sindicato amenaza con ir hasta el fondo. El sindicato se queja de que el sistema impuesto en la Guardia Civil, además de escasamente dotado, carece de autentica autonomía y tiene dificultades para investigar aquellos casos en los que estén implicados mandos policiales. La propia Guardia Civil reconoce que Asuntos Internos actúa a requerimiento de los jefes de unidades. Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/Delincuentes/placa/elpepiesp/20050116elpepinac_10/Tes -------------------------- Otro artículo, este relacionado con los mossos (El País, 30 de diciembre de 2008): SON DELINCUENTES CON PLACA Lucian Paduraru revive la brutal detención que sufrió y que ha supuesto la condena por torturas de tres 'mossos' JESÚS GARC�A - Barcelona - 30/11/2008 Desde su casita de Brasov, en la región rumana de Transilvania, Lucian Paduraru habla con sosiego y desparpajo -y con un punto de amargura que ni por teléfono es capaz de disimular- de lo que le ha pasado. El verano de hace dos años vivió su peor noche: fue asaltado en plena calle por policías que le confundieron con un ladrón y le torturaron. "Para mí, los mossos que me atacaron sólo son delincuentes con placa". Esos cinco funcionarios han sido ahora apartados del cuerpo y condenados por la Audiencia de Barcelona. Cuatro, a penas de cárcel. Tres, a más de seis años. Es la sentencia más dura contra los Mossos d'Esquadra, que, una vez más, están en el ojo del huracán. Y Lucian, un albañil de 28 años que ha pasado media vida en España y que ahora ha tenido que regresar a Rumania, ha sido protagonista a su pesar. "No me gusta que alguien vaya a la cárcel, porque las familias se rompen. Pero estos policías... ¡Llegaron al juicio riéndose!", recuerda. Pese a que la justicia le da la razón, Lucian sabe que algunas personas aún dudan de que su historia ocurriera tal y cómo la cuenta. Mandos policiales han cuestionado la sentencia porque, en su opinión, se basa sólo en la versión de una de las partes. Y el propio Departamento de Interior ha decidido mantener el apoyo jurídico a los agentes para que la recurran ante el Tribunal Supremo. "Es normal. ¿Quién cree a un puto rumano?", relata con amargura. El fantasma de la duda fue, precisamente, el que le impulsó (casi le obligó) a denunciar a los mossos. Lucian compara a los vecinos del bloque donde vivía, en Barcelona, con los protagonistas de Aquí no hay quien viva, la serie televisiva donde todos vivían abonados al cotilleo y al chisme. "Decían que si no denunciaba era porque ocultaba algo". Así que cruzó el Rubicón. Ahora está satisfecho, pero a medias. "Sabía que iba a ganar, porque digo la verdad. Pero esto me ha traído más problemas que otra cosa", dice en alusión a los que le han acusado de querer embolsarse dinero a costa de la policía. "¡Pero si no me han pagado ni los viajes! Y mira, si la tele me ofrece buen dinero, al menos habré sacado algo bueno de esta mierda". Esos "problemas" que cita empezaron con su jefe. Lucian trabajaba en la construcción. Las heridas que sufrió en el arresto le dejaron la espalda "con unos moratones enormes, negros", asegura el joven, que es hemofílico. Aun así, a los dos días de la paliza recorrió 100 kilómetros para ir a una obra en Girona. Su jefe no atendió a explicaciones. Había faltado al tajo y eso bastaba: le vino a decir que no hacía falta que volviera. Al desempleo se le unió, sin previo aviso, el miedo. "Salía a la calle y siempre miraba atrás. Si venía alguien, cambiaba de acera. Aún lo hago, me sale sin pensar". Encontró trabajo en el área logística de Barcelona, la Zona Franca. "Pero una noche me siguió una persona y cogí miedo. Lo dejé". Fulga, su novia, lo pasó peor que él. Apenas llevaba unas semanas en España -la pareja se había conocido durante unas vacaciones de Lucian en su país- cuando ocurrió el incidente, el 27 de julio de 2006. La pareja salía de casa a tomar un café. Entonces llegaron los cinco mossos, de paisano. Dos de ellos agarraron a la joven del pelo, la arrastraron por el suelo y la llevaron a comisaría. Allí estuvo dos horas. "Para ella fue horrible. La intentaron manipular diciéndole que yo era un chulo putas y un traficante, pero aguantó", dice Lucian. Unos detalles que, expresados de otra forma, constan como "hechos probados" en la reciente sentencia. Fulga, una chica "culta" e hija de una arquitecta, estaba entonces embarazada de tres meses. Nunca imaginó que un cuerpo policial de un país democrático pudiera actuar como lo hizo. "Suerte que no le pasó nada al niño, porque si no...". El crío tiene ahora casi dos años. "Está bien, pero el médico dice que está todo el tiempo muy nervioso". Al joven rumano, que además de albañil presume de ser un gran jugador de ajedrez ("es cuestión de paciencia", dice) no le importa recordar lo que sintió durante el arresto. "Yo peso 50 kilos con el embalaje y todo. Y ellos son armarios. Me pegaron. Un policía me preguntó dónde tenía las llaves del piso mientras me golpeaba. No entendía nada. Después sí até cabos". A Lucian lo habían confundido con un ladrón que, días antes, había asaltado dos viviendas de la calle Ample, en pleno casco antiguo. ¿Cómo llegaron los Mossos a la conclusión errónea de que Lucian era el hombre al que buscaban? A través de un camino plagado de errores y de malos entendidos. En uno de los robos, el ladrón lesionó a una mujer. En el otro, se llevó una libreta de ahorros y, con el número secreto, sacó dinero en un cajero automático de La Caixa. El destino quiso que lo hiciera en una sucursal situada a 200 metros del piso de Lucian, junto a la estación de autobuses Nord. La policía cotejó el fotograma de las cámaras de seguridad -borroso, poco nítido- con los vecinos de la zona. Le tocó pringar a Lucian porque estaba fichado por el Cuerpo Nacional de Policía. En 2004 infringió la Ley de Extranjería. Y en 2005 fue arrestado por un altercado a la salida de una discoteca. Nada relacionado con el hurto, pero suficiente para buscarle. Los Mossos mostraron la fotografía antigua de Lucian a la mujer que fue víctima del asalto. Ella le identificó, aunque con muchas dudas. Cuando, al día siguiente (28 de julio) la policía enseñó a la mujer una imagen más reciente del detenido, no le reconoció. La pesadilla de Lucian había acabado. La noche en el calabozo, Lucian la pasó "pensando qué narices podría haber hecho". De la mañana siguiente, Lucian destaca el hecho de que el mismo policía que le había metido la pistola en la boca en el traslado en coche patrulla -eso también se considera probado- le invitó a fumar un cigarrillo y rompió delante de él "la hoja con las acusaciones contra mí". Fuentes policiales calificaron de "ejemplar" la trayectoria de los cinco policías hasta ese incidente puntual. Los policías actuaron "con ímpetu" pero movidos "por la voluntad de aclarar un delito". No era la última vez que Lucian iba a pisar la comisaría de Les Corts. Meses después, reconstruyó los hechos junto a la juez de instrucción. Su caso fue uno de los que llevó a Interior a plantearse la necesidad de combatir los malos tratos en comisaría. Hoy ya se han instalado mil cámaras en las dependencias policiales de Cataluña. Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/delincuentes/placa/elpepiesp/20081130elpepinac_11/Tes