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Este proceso supone el primer juicio penal contra una perrera en España y da testimonio de las atrocidades que en estas instalaciones se dispensaban a perros y gatos de la provincia de Cádiz. Según la denuncia, en la perrera de Puerto Real se recogen anualmente miles de perros y gatos de varios Municipios de la provincia de Cádiz que son sacrificados con un paralizante muscular (Mioflex Braun) que es inyectado indiscriminadamente, ocasionando a los animales una muerte lenta y agónica por asfixia que en la mayoría de las ocasiones puede durar varios minutos, ya que afecta a los músculos respiratorios. El precio del Mioflex Braun es de 1 euro la dosis, mientras que el combinado de barbitúricos que hay que administrar oficialmente cuesta 20 €. Existe un beneficio extra por dosis de 19 €. Por otra parte el estado lamentable en el que se encuentran los animales mientras esperan en el corredor de la muerte: instalaciones deplorables, animales muertos que yacen en microjaulas con animales vivos, hacinamiento, alimentación inadecuada y un largo etcétera de crueldad e insensibilidad. Se ha podido confirmar la eliminación sistemática de más de 556 perros y gatos durante los primeros ochos meses de 2007. A este número habría que sumar los miles de perros y gatos de años anteriores. Esta denuncia no es una casualidad. Organizaciones proteccionistas de la provincia: Prodean, No me abandones, Aprodea, Ecologistas en Acción… llevan años denunciando a las Administraciones Locales las sospechas del servicio irregular que estas instalaciones dispensaban en el trato y eliminación de perros y gatos abandonados. Estas mismas entidades con más voluntad que recursos, son las únicas que se han preocupado de sacar de la perrera de Puerto Real el máximo número de animales para buscarles familias de acogida y adopción ya sea aquí o en el extranjero. Una labor encomiable y desarrollada contra reloj frente a las políticas municipales orientadas a la eliminación y exterminio de perros y gatos abandonados. La perrera de Puerto Real es una sociedad limitada cuyo único administrador el Plácido Gómez Muñóz. El nombre concreto de esta sociedad es Asociación Protectora de Animales El Refugio (antigua Verde 6). Al parecer también posee dos perreras más, una situada en la localidad de Los Barrios y otra en la ciudad malagueña de Mijas. En cuanto a la provincia de Cádiz, más de 16 Ayuntamientos tienen sus servicios subcontratados con esta empresa privada en calidad de perrera municipal. La perrera de Puerto Real también dispone de un servicio de residencia canina para particulares. Más de 16 Ayuntamientos de la provincia, la mayoría ubicados en la Bahía de Cádiz, llevan años mirando para otro lado haciendo caso omiso de las voces de los movimientos proteccionistas que denunciaban las cruentas actividades de la perrera. De hecho el municipio de Puerto Real ya sufrió problemas con esta empresa cuando en lugar de incinerar los cadáveres los enterraban en cal viva y hubo filtraciones a los acuíferos de la zona. En cualquier caso no ha existido por parte de las Administraciones Locales ni el más mínimo interés en cerciorar lo que para muchos era un secreto a voces, ni la más mínima preocupación en conocer el estado lamentable de sus instalaciones y de las prácticas que se llevaban a cabo. Los principales Ayuntamientos que actualmente siguen manteniendo este servicio y que llevan años mirando para otro lado son: - Cádiz: PP - Puerto de Santa María: PP - Puerto Real: IU - Rota: RRUU - Chiclana: PP - Sanlúcar: PSOE - Medina Sidonia: PSOE - Conil: IU - Barbate: PSOE - Castellar: PSOE - San Roque: PSOE - Algeciras: PSOE - La Línea de la Concepción: PP - San Fernando: PA - Los Barrios: PSOE Ante esta situación se reclama a los Ayuntamientos que tienen contratado el servicio de recogida de animales abandonados con esta perrera que lo cancelen y que denuncien a la empresa por incumplimiento en el servicio, estafa documental y delito medioambiental. Según las fuentes consultadas por el diario La Voz de Cádiz, la reacción de los Ayuntamientos a la petición de cancelar los servicios de la perrera de Puerto Real fue positiva, pero también de prudencia a la espera de que se resuelva el proceso judicial. Algunas entidades locales como: Cádiz, San Fernando, Chiclana y Puerto Real; estudian la posibilidad de cancelar esta concesión, siempre que exista finalmente un fundamento legal. Sólo el de Algeciras, de entre los consultados, no prevé suspender el servicio. Ante este nuevo escenario, varias Corporaciones Locales han propuesto que sea la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz la que asuma este servicio obligatorio para los Ayuntamientos. O lo que es lo mismo, seguir aplicando la misma política de exterminio de animales abandonados frente a otras prácticas que desde los movimientos proteccionistas se vienen desarrollando y que evita el sacrificio del animal. Se han recogido más de 10.000 firmas en todo el Mundo y pese a la limitada difusión dada en España, en Europa y sobre todo en Italia estos acontecimientos se siguen con mucha atención. De hecho los parlamentarios italianos del grupo político de Los Verdes, presentarán una propuesta al Parlamento italiano para que soliciten a España la excarcelación de Simone Righi. Por otro lado, el próximo encuentro de la Plataforma Mundial Iris que tendrá lugar en Holanda, debatirá los acontecimientos ocurridos en la perrera de Puerto Real. El caso de Simone Righe y Jo Durante el mes de junio de 2007 una pareja italiana (Simone y Jo) que se encontraban en vacaciones en Cádiz, pidieron a la Policía Local de la capital gaditana la dirección de una residencia canina para dejar a sus perros durante tres días mientras recorrían la provincia. Los agentes les dieron la dirección del Refugio de Puerto Real, que además de hacer funciones de perrera municipal dispone de residencia canina. Cuando volvieron a recoger a sus tres perros solamente pudieron entregarles a una, sacándola muerta de una nevera. Los otros dos perros desaparecieron sin dejar rastro. En la perrera les argumentaron que sus perros se habían escapado con 7 perros más y que el otro había muerto a consecuencia de una pelea. Jo no se movió de la perrera hasta que llegó la Guardia Civil. Metieron a la perra en una bolsa sellada con plomo hasta conseguir la orden judicial para llevársela a Sevilla a hacerle una necropsia. El resultado de estas pruebas determinó que el cuerpo tenía restos de un paralizante muscular que empleado en pequeñas dosis provoca que el perro muera lenta y agónicamente durante varios minutos provocando una parada cardio-respiratoria. Posteriormente se identificó esta sustancia como Mioflex. Evidentemente interpusieron la respectiva denuncia penal y decidieron quedarse en Cádiz a la espera del juicio. El pasado 24 de Octubre se celebró la primera vista contra los cuatro imputados de la perrera. El 7 de Octubre frente al Ayuntamiento de Cádiz era muchas las personas que querían expresar su malestar por todo aquello que ocurría en las instalaciones de la perrera de Puerto Real. Un secreto a voces, una denuncia “vox populis� a la que los Ayuntamientos hicieron caso omiso mirando para otro lado. Empujados por el coraje de Simone y Jo, la organización proteccionista de Madrid El Refugio y entidades provinciales organizan una concentración de protesta para exigir el cierre de la perrera. Casi dos mil personas de forma pacífica concentradas en la plaza del Ayuntamiento gaditano acompañados con perros, pancartas e informando sobre los hechos acontecidos y el motivo de la protesta. Ese mismo 7 de Octubre se celebraba en Cádiz el día de la patrona. La Alcaldesa Teófila Martínez y su sequito rezaban en la iglesia del Barrio de Santa María, situada muy próxima al Ayuntamiento. Tras la concentración cientos de manifestantes decidieron trasladarse a las puertas de la iglesia para continuar con la protesta. Se volvieron a desplegar las pancartas y a entonar las consignas que invitaban a la Alcaldesa de Cádiz a tomar medidas contra la perrera y se le acusaba de su complicidad al permitir como Ayuntamiento la actuación de la misma en la ciudad. Ante cientos de personas molestas e indignadas se produjo un amplio despliegue policial, tanto en la puerta de la iglesia como en los aledaños. La Alcaldesa de Cádiz no quiso afrontar el problema y abandono la iglesia por una puerta lateral. Este hecho hizo que los manifestantes se desplazaran hacia la Alcaldesa y el cinturón policial se desplegó delante de los mismos para evitar supuestos altercados. En apenas cinco minutos había dos detenidos que se llevaban a comisaría. Por un lado a Isabel, una mujer que da de comer a los gatos callejeros, por supuesta agresión a una concejala del PP. Por otra parte también detuvieron a Simone Righi, acusado de escándalo público e intento de agresión a la Alcaldesa (lo acusa la policía y un guardaespaldas). También había una concejala del PSOE que alega haber sufrido con los acontecimientos una crisis de ansiedad. Las dos concejalas, cuatro policías y el guardaespaldas de la Alcaldesa; interpusieron denuncias en la comisaría y no permitieron poner a nadie más una denuncia, según la policía porque el sistema informático estaba fuera de servicio provisionalmente primero y porque estaban declarando ellos después. A las cuatro de la tarde se supone que llamaron a un abogado de oficio. Al final vino una abogada de una ONG pero como trabaja para la Administración y no estaba colegiada quedó invalidado su servicio. Una de las manifestantes llamó a su hermano para que asistiera como abogado, pero no le dejaron pasar. Se había decidido que Isabel y Simone pasaran en comisaría aquella noche. Al día siguiente apareció la abogada de oficio, que por cierto comentó que no fue llamada hasta las nueve y media de la noche. Ante la falta de experiencia de la letrada se decidió contratar los servicios de un abogado criminalista que lleva actualmente el caso. El juez de instrucción declaró prisión preventiva para Simone por supuesto riesgo de fuga a no disponer de residencia fija en el país. Actualmente se encuentra en Puerto II. Isabel salió bajo fianza de 3.000 €. Unas medidas a todas luces desproporcionadas. En definitiva, no existe una sola prueba sólida más allá de la mera interpretación “sui generis� de la policía y el guardaespaldas de la Alcaldesa de Cádiz del intento de agresión. No van a encontrar pruebas simplemente porque no las hay. Sin embargo las medidas cautelares son evidentemente desproporcionadas. Apuraron las 72 horas que podían retener a Simone e Isabel y después decretaron prisión preventiva para el italiano. Actualmente se encuentra detenido en Puerto II. Tanto Simone como Jo son los principales testigos a la denuncia interpuesta a la perrera de Puerto Real. Resumen Diario de Cádiz. 25 de Octubre de 2007 “Simone fue a declarar el pasado 24 de Octubre en calidad de testigo ante la denuncia penal interpuesta a la perrera de Puerto Real. Simone está acusado finalmente de un supuesto delito de intento de agresión a dos concejalas del Ayuntamiento de Cádiz. Una del PP y otra del PSOE. Sin embargo ninguna de las dos denunciantes le ha reconocido como su supuesto agresor. Tampoco nadie ha podido demostrar hasta el momento que Simone intentase atentar contra nadie. Por el contrario quien si presentaba evidentes heridas contusas y sangrantes en la cara y cabeza era el italiano, durante y tras su detención, tal y como se observa en las fotos que hizo este periódico. Sólo un guardaespaldas y la policía sostienen que Simone intentó agredir a la Alcaldesa. La compañera del artesano italiano preso ha sido imputada de haber participado en la concentración, tras ser identificada por la propia Teófila Martínez en una rueda de reconocimiento en comisaría. Los vídeos de la concentración llevan dos semanas colgados en internet.�